Desde los siete años, una niña residente de España comenzó a faltar a la escuela debido a que sus padres no se interesaban en su educación.
Cuando cumplió los catorce, acumuló 277 faltas de asistencia durante los cursos 2012-2014 hasta que un juzgado de lo Penal de Palma condenó a sus progenitores a pagar 1,440 euros (30 mil 240 pesos) de multa.
En sus declaraciones, los padres se dijeron culpables de un delito de abandono de menores y de otro de desobediencia grave.
Según recoge la sentencia, durante el curso 2012-2013 la menor acumuló 31 faltas sin justificar entre septiembre y diciembre. En aquel momento, la niña estaba matriculada en un colegio público de Palma y cursaba sexto curso de Primaria.
A continuación, un Juzgado de Primera Instancia dictó un auto en marzo de 2013 en el que acordó la escolarización inmediata de la niña durante toda la etapa obligatoria.
Aun así, la menor acudió de manera intermitente a clase durante el curso 2013-2014. Bienestar Social ofreció a los padres la posibilidad de incluir a su hija en un programa educativo especial del Govern.
Pese a ello, no fue matriculada en un instituto hasta febrero de 2014. Desde ese mes hasta mayo, se produjeron 216 faltas injustificadas a clase.
Entonces, el Juzgado de Instrucción de Palma empezó a procesar a los progenitores de la niña por los dos delitos citados.
En aquél momento, la Fiscalía reclamaba penas de un año y 15 días de prisión para el padre y para la madre, así como la inhabilitación para ejercer la patria potestad durante dos años.
Finalmente, antes de la celebración del juicio el fiscal y los abogados llegaron a un acuerdo de conformidad. Así, el Ministerio Público rebajó su petición inicial, aceptando multas de 720 euros para cada progenitor.