No la atendieron hasta 30 horas después de haber llegado y levantaron una denuncia por aborto en su contra.
Activistas de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser), exigieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) atender el caso de María, una joven de 21 años que sufrió violación de sus derechos humanos por parte de un hospital de Chiapas.
Según el testimonio de la mujer, el 29 de septiembre de 2015 sufrió un aborto espontáneo, por lo que acudió al Hospital General Regional Rafael PascacioGamboa para recibir atención médica. Ella ignoraba estar embarazada, pues utilizaba el dispositivo intrauterino (DIU), que le fue colocado en el Hospital General Regional en mayo de 2014.
María es originaria de Tuxtla, madre de una niña de 4 años y un niño de 2. Actualmente no tiene empleo. El personal del nosocomio no la atendió hasta 30 horas después de haber llegado y, en contraste, levantó una denuncia por aborto contra ella.
Tras el efecto de la anestesia, la condujeron a un cuarto que describe como "oscuro" y frío", en el que había tres frascos iluminados con luz roja y que contenían embriones de diferentes etapas de gestación.
Esa fue la imagen que soportó mientras una enfermera, colocándose en el lugar de un policía, intentó persuadirla de que confesara que se había practicado un aborto. Además, un agente del Ministerio Público acudió al lugar para interrogarla.
Por supuesto, la mujer interpuso una queja ante la (CEDH), que hasta el momento no ha contestado, razón por la que la organización "Ddeser" exigió que se emitieran las recomendaciones pertinentes para poner un alto a la violación de derechos humanos de las féminas que sufren abortos espontáneos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al aborto espontáneo como “la pérdida prematura de un feto de hasta 23 semanas de embarazo”. En general, entre 12 y 15 por ciento de los embarazos clínicamente reconocidos culminan en un aborto espontáneo.
La reacción de criminalizar el aborto inhibe que las mujeres con pérdidas prematuras acudan a los servicios de salud por temor a ser acusadas de un delito, y con ello se pone en riesgo su vida. Chiapas ocupa el segundo lugar a nivel nacional en muerte materna.